El rápido crecimiento de Chile entre 1987 y 1997, que se sustentó en un fuerte aumento de la productividad total de factores, fue fruto de ganancias, por una sola vez, derivadas de las reformas económicas, la reducción de la inflación y del riesgo país y el aumento de la competencia en diversos sectores. Esto significó una reasignación de recursos a sectores basados en recursos naturales que crecieron rápidamente en los 90, pero que hoy enfrentan límites que impiden que la economía mantenga una dinámica de crecimiento sostenido y que amenazan la meta de alcanzar el desarrollo al inicio de la próxima década.

Sólo la inflexión hacia una economía más diversificada -basada en el capital humano de calidad, la innovación y el conocimiento- nos permitirá llegar a esa meta. Pero las múltiples imperfecciones de mercado, las fallas sistémicas, la insuficiente institucionalidad y la existencia de comportamientos rentistas que inhiben los incentivos a innovar obligan a que el país concuerde un conjunto de políticas de largo plazo para lograr los objetivos propuestos.

La Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020, enfocada en el crecimiento de mediano y de largo plazo, plantea reformas en materia de ciencia y tecnología, educación superior (técnica y profesional), institucionalidad e innovación en las empresas.

Respecto de este último tema, propone tres enfoques complementarios. Primero, acercar a las empresas chilenas, especialmente las Pyme, a la frontera tecnológica, actuando con programas que simultáneamente permitan difundir mejores prácticas y tecnologías, mejorar competencias laborales y dar garantías financieras para renovar equipamiento y mejorar o recuperar la infraestructura productiva.

Segundo, desarrollar un ecosistema para la innovación, que permita la generación de nuevas empresas innovadoras de alto potencial de crecimiento y que fomente la innovación en las compañías existentes, con el fin de "descubrir" nuevas actividades económicas con ventajas para el país. Para ello, se requiere cerrar brechas de financiamiento mediante ventajas tributarias para los inversionistas ángeles y capital de riesgo extranjero, estímulos al capital semilla privado, mecanismos de garantía a la innovación de procesos y subsidios al desarrollo de rutinas de innovación en empresas establecidas.

En este sentido, el Consejo de Innovación propone revisar el esquema de incentivo tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D), permitiendo incorporar gastos que se realizan al interior de las empresas. Pero, además, se debe establecer un incentivo a la generación de spin off de las universidades, apoyados por oficinas especializadas de comercialización de tecnología. También es necesario aumentar la capacidad de absorción tecnológica en las empresas, fortaleciendo los programas de inserción de profesionales y posgraduados en áreas de ciencia y tecnológica.

Tercero, desarrollar dinámicas de acumulación de conocimiento relevante en sectores con ventajas comparativas y alto potencial de crecimiento, con el fin de generar, en torno a ellos, verdaderos clusters de innovación que permitan una mayor diversificación y sofisticación productiva.

La agenda entrega importantes avances en materia de identificación, junto con actores privados, de las demandas derivadas de los sectores definidos en la política de clusters, las que, agregadas, permiten identificar actividades emergentes de mayor sofisticación y nivel tecnológico que es posible potenciar con orientación hacia los mercados mundiales.

Esta opinión fue publicada originalmente el 13 de abril de 2010 en Diario La Tercera.