El informe N° 2/2009 que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emitió el 30 de enero, sobre las tarifas a regular en telecomunicaciones, repone en la agenda pública las recomendaciones hechas en octubre por el Consejo de Innovación (CNIC) sobre la necesidad de asegurar la competitividad de nuestra plataforma de banda ancha para transitar hacia una economía basada cada vez más en los servicios.

En los 90 Chile era líder en la incorporación de estas tecnologías, gracias a un rol proactivo del Estado en favor de la competencia. Hoy se verifica una lenta penetración de la banda ancha respecto de los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y el nivel alcanzado se ajusta sólo al esperable según el nivel de ingreso del país. Los estudios del Consejo muestran que las pyme y hogares de menor ingreso son los más rezagados, debido al alto precio de entrada asociado a ofertas de servicios empaquetados.

El CNIC planteó que Chile requiere alcanzar los niveles de conectividad y calidad de los países desarrollados en materia de banda ancha y superar los tres millones de conexiones al 2011. Para lograr esta meta se requiere del impulso pro competencia de la autoridad, porque es imperativo promover un modelo regulatorio basado tanto en la incorporación de nuevas tecnologías de acceso inalámbrico como en condiciones de acceso abierto a las redes fijas existentes, que permitan a empresas nuevas o no dominantes ofrecer servicios allí donde existen barreras a la entrada asociadas a la infraestructura. En esta misma línea, el TDLC plantea propender a una “competencia intrarredes, y no confiar solamente en la competencia entre redes de diversa tecnología”.

Para el Tribunal, además, “resulta manifiesto que no se han cumplido” sus recomendaciones anteriores necesarias para poner en práctica este esquema de competencia intrarredes. No es aceptable, creemos, seguir postergando la implementación de los pronunciamientos del TDLC de suyo relevantes para el desarrollo del país.

Mientras la OCDE y la Unión Europea han avanzado en la desagregación de redes tradicionales de telefonía fija para promover efectivamente la competencia en servicios de voz y datos, en Chile esta está pendiente de aprobación, por parte del Ejecutivo, del reglamento de desagregación desde principios de esta década.

Un vehículo que permite avanzar en la implementación del nuevo modelo es la regulación tarifaria del suministro de “facilidades de conmutación y transmisión de señales provistas como circuitos privados” por parte de las compañías dominantes. Para ello, es determinante, como reafirma el TDLC, una adecuada definición de las prestaciones que las componen, incluyendo los servicios de información asociados a su provisión.

Proponemos, además, otra medida. La licitación del Fondo de Telecomunicaciones permitió adjudicar sin subsidio el desarrollo de la banda ancha inalámbrica a nivel rural. El Gobierno había dispuesto 35 mil millones de pesos que no utilizará y proponemos utilizarlos con un rol proactivo en la extensión de banda ancha en el sector urbano concentrado en el estrato socio económico C3 y D. Creemos posible organizar una licitación de subsidios para establecer acceso con banda ancha en Santiago Poniente y las zonas populosas del Gran Valparaíso y el Gran Concepción. Si se redestinan recursos no utilizados en la licitación anterior y se agrega un monto equivalente en los presupuestos futuros, podremos llegar en 2011 a tres millones de conexiones.

El Consejo de Innovación para la competitividad seguirá analizando la evolución del sector y relevando la estrategia pro competencia que debe seguir Chile para recuperar el rol de liderazgo que tuvo en este ámbito, incluso comparado con los países de la OCDE.

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Esta columna fue publicada originalmente en el La Nación Domingo del 31 de mayo de 2009.